Artículo 2 de la Ley de igualdad de trato

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad; de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento; origen racial o étnico; sexo; religión; convicción u opinión; edad; discapacidad; orientación o identidad sexual; expresión de género; enfermedad o condición de salud; estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos; lengua; situación socioeconómica; o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior; y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley; podrán establecerse diferencias de trato cuando los criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos y lo que se persiga es lograr un propósito legítimo o así venga autorizado por norma con rango de ley; o cuando resulten de disposiciones normativas o decisiones generales de las administraciones públicas destinadas a proteger a las personas; o a grupos de población necesitados de acciones específicas para mejorar sus condiciones de vida o favorecer su incorporación al trabajo o a distintos bienes y servicios esenciales y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad.

3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma; de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública.

4. Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación al sector público. También lo serán a las personas físicas o jurídicas de carácter privado que residan; se encuentren o actúen en territorio español; cualquiera que fuese su nacionalidad; domicilio o residencia; en los términos y con el alcance que se contemplan en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

A los efectos de esta ley se entenderá comprendido en el sector público:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las comunidades autónomas.

c) Las entidades que integran la Administración Local.

d) La Administración de Justicia.

e) El sector público institucional; en los términos establecidos en el artículo 2.2 de la Ley 39/2015; de 1 de octubre; del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

f) Las asociaciones y fundaciones constituidas por las Administraciones; entes; organismos y entidades que integran el sector público.

Normativa: Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.