Artículo 7. Requisitos de acceso al subsidio.
1. Para determinar el requisito de carencia de rentas; o; en su caso de responsabilidades familiares; a que se refiere el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994; de 20 de junio; se aplicarán las reglas siguientes:
a) Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de actividades empresariales; profesionales; agrícolas; ganaderas o artísticas; se computarán por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención. Las ganancias patrimoniales se computarán por la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.
b) Las rentas se imputarán a su titular cualquiera que sea el régimen económico matrimonial aplicable; pero las rentas derivadas de la explotación de un bien de uno de los cónyuges; si el régimen económico matrimonial es el de gananciales; se imputarán por mitad a cada cónyuge.
c) Para establecer la cuantía mensual de las rentas:
1.º Si las rentas se perciben con periodicidad mensual; se computarán las que corresponden al mes completo anterior al del hecho causante del subsidio; siempre que se mantengan en el mes correspondiente al hecho causante; o al de su solicitud; o durante la percepción de aquél.
Si las rentas se perciben con periodicidad superior a la mensual; se computarán a prorrata mensual sobre el período al que correspondan.
2.º Si las rentas se obtienen en un pago único; se computarán las obtenidas en el mes anterior al hecho causante del subsidio; o al de su solicitud; computados de fecha a fecha; o durante su percepción; prorrateando su importe entre 12 meses.
En el mes o meses siguientes a la fecha de obtención de esas rentas se computará; o bien su rendimiento mensual efectivo; conforme a lo establecido en el número 1.º o; en otro caso; su ren-dimiento mensual presunto conforme a lo establecido en el número 3.º
Lo previsto en este apartado se aplicará: a las indemnizaciones por extinción del contrato abonadas en un pago único por el importe que supere la indemnización legal; a los rendimientos derivados de la enajenación de valores mobiliarios o de bienes inmuebles; salvo que se trate de la vivienda habitual; al rescate de planes de pensiones y al resto de ganancias patrimoniales o rendimientos irregulares.
3.º Si se dispone de bienes de patrimonio; fondos de inversión mobiliaria o inmobiliaria; fondos o planes de jubilación; o cualquier otra modalidad de inversión de capital; excepto la vivienda habitual y los planes de pensiones; que tenga diferida su sujeción al impuesto de la renta de las personas físicas; siempre que no se haya computado su rendimiento mensual efectivo se computará el rendimiento mensual presunto que resulte de aplicar el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente sobre el valor del bien; fondo o plan; prorrateado entre 12 meses.
2. No tendrá derecho al subsidio quien se encuentre en la situación prevista en el artículo 215.1.1.a) y b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; aprobado por el Real Decreto Legislati-vo 1/1994; de 20 de junio; cuando se le hubiera extinguido la prestación de desempleo por imposición de sanción.
Si durante la percepción de la prestación se le hubiere suspendido el derecho en el supuesto previsto en el artículo 212.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994; de 20 de junio; y el período de suspensión excediera del que resta para agotar la prestación; no podrá solicitar el subsidio hasta transcurrido un mes a partir de que se cumpla totalmente el período de suspensión.
3. (Derogado).
Se deroga el apartado 3 por la disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 5/2013; de 15 de marzo. Ref. BOE-A-2013-2874.
Se modifica por el art. único.5 del Real Decreto 200/2006; de 17 de febrero. Ref. BOE-A-2006-3767
Se declara la nulidad del apartado 3 por Sentencia del TC 78/1990; de 26 de abril. Ref. BOE-T-1990-12129
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Normativa: Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.
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